El legislador José María Canelada calificó la audiencia pública para la revisión tarifaria de EDET como una "puesta en escena". Además, objetó los "obstáculos" para participar del trámite y anticipó que tomará acciones judiciales.
"En estos procesos el Ersept (Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán) tiene un rol meramente formal, porque parece ser accionista de las empresas y no un organismo que deba velar por los usuarios y por un buen servicio público. Llamo a la reflexión a su directorio y al gobernador (Juan Manzur), que es quien propone esos nombres", indicó el legislador, al hacer uso de la palabra en la jornada "virtual".
El radical advirtió que no compartía el criterio de oportunidad para lleva adelante esta revisión tarifaria, en un contexto de crisis sanitaria pero también económica. "En medio de la crisis el Ersept habilita en estas condiciones un debate para el aumento de las tarifas. Somos conscientes de las situaciones contractuales del vínculo que tiene la provincia con EDET, pero también que las situaciones de crisis generan mecanismos para evaluar excepciones", sostuvo.
La audiencia pública se está realizando de forma virtual, vía zoom. En ese sentido, Canelada planteó que "suponer que los tucumanos por igual en cualquier rincón de la provincia pueden acceder a una audiencia a través de una herramienta virtual es una falacia". Además, recordó que había solicitado junto a Raúl Giménez Lascano que se ampliaran los puntos de conectividad, ya que los instalados sólo comprenden a un 18% de los tucumanos. La respuesta negativa por parte del Ersept, señaló que no los sorprendió. "Nos ha causado preocupación y nos ha indignado, pero no nos ha sorprendido porque desde hace muchos años a esta parte, lo que advertimos es que el Ersept sostiene una estrategia que lo que hace es dificultar la participación de los usuarios", afirmó.
En ese sentido, recordó que existe un fallo reciente de la Justicia porteña donde se dispuso la nulidad de una audiencia pública porque la virtualidad no aseguraba la real participación.
Otra de las cuestiones impugnadas fue el acceso a la información. "El expediente consta de 2.500 páginas que han sido subidas entre el 11 y 12 de noviembre. La pretensión de que un usuario pueda en este plazo hacer una lectura responsable, que le permita comprender qué se está debatiendo y en qué términos, también es una falacia que atenta contra este simulacro de audiencia pública. Si pensamos que hay ciudadanos que pidieron copias del expediente y han sido negados, claramente se ha negado el derecho a la información que es vital para poder llevar adelante este debate. No hay una sensata ecuación entre información accesible y accesibilidad a su vez a los fines de participar de esta instancia. Lo que se está desarrollando es nulo y así lo vamos a plantear llegada la oportunidad procesal", adelantó.
"Todos sabemos lo que va a pasar cuando termine esta puesta en escena. Se tomará como válido lo que no es válido e intentarán meterle la mano en los bolsillos a los tucumanos con un servicio que no es de buena calidad", cerró Canelada.